"Finaliza el historiador con una crítica fácil a Carrillo: "Tiene el deber moral de contar lo que realmente pasó. No lo hará". Cierto. Tampoco lo hace Elorza."
Pío Moa
Tiene razón el señor Antonio Elorza al decir que un país debe conocer su historia. Algo más confuso resulta cuando afirma: "Los españoles tienen derecho a un conocimiento preciso de lo ocurrido en los años treinta y, como ha sucedido en tantos otros países, Alemania, Francia o Italia, a exigir siquiera simbólicamente responsabilidades a los culpables". Me atrevo a dudar de que en Alemania, Francia o Italia tengan un conocimiento tan preciso del pasado como supone Elorza; y en cuanto al derecho a conocer, debe extenderse a todos los países y no sólo a los años 30: no se entienden bien tan extrañas restricciones.
Pero la cuestión aquí es: ¿contribuye nuestro historiador a tan encomiable servicio a la nación? Veamos. En un reciente artículo en El País (periódico que, entre otras muchas lindezas "democráticas" no acepta el derecho de réplica), titulado El genocidio franquista, afirma la existencia de tal genocidio con argumentos como este: "Los cientos de miles de 'gente del 17 de abril' ejecutada por los jemeres rojos, o de enemigos del pueblo fusilados en la gran purga de Stalin en 1936-38, comparten con los miles de rojos exterminados en España el hecho de haber sido víctimas de un proyecto deliberado de aniquilamiento y de constituir un grupo humano bien delimitado (genocidio)". Naturalmente, en esa definición de genocidio entran demasiadas cosas, desde cualquier guerra a cualquier matanza, por ejemplo la del 11-M, o las persecuciones de las policías políticas en cualquier dictadura "progresista" o menos progresista. Definición nuevamente confusa y por ello fácil a la demagogia.
Y aun más confusa la alusión a las matanzas de los jemeres rojos, un genocidio contra personas sin otra culpa que la de ser considerados "burgueses" por sus verdugos; y que en un país pequeño y no muy poblado afectaron no a cientos de miles sino a millones de personas, como sin duda sabe –pero oculta a los españoles– el historiador. Las purgas de Stalin, en cambio, no cuentan como genocidio, pues afectaron especialmente a comunistas por obra de otros comunistas; unos y otros responsables, eso sí, de auténticos genocidios de millones de personas (no cientos de miles, tampoco) contra el campesinado, especialmente el ucraniano. Estoy seguro de que el señor Elorza conoce todo esto, pero opta por la ocultación y la confusión, él sabrá por qué.
En cambio, ¿hubo en España un genocidio? Hubo al menos uno, el aplicado contra el clero, al que intentaron exterminar deliberadamente y casi lo consiguieron... pero no los franquistas, sino los dirigentes del Frente Popular. Esto, nuevamente, lo sabe Elorza, pero no le parece adecuado decir a los españoles una palabra al respecto, y es una lástima. ¿Existió algo semejante por la otra parte, es decir, un plan y práctica de exterminio contra los "rojos", como afirma el historiador? Rojos, en España, podían considerarse en principio los cuatro millones y medio que votaron al Frente Popular en 1936, o el millón y medio que integró las filas del ejército izquierdista, o los bastantes cientos de miles de afiliados a los sindicatos y partidos de izquierda. ¿Hubo una política de exterminio contra ellos? Si así fue, debe reconocerse su fracaso, pues el mismo Elorza habla de "miles" de víctimas y no de cientos de miles o de millones. ¿Cómo puede compararlos a las matanzas de los jemeres rojos o de Stalin? Esto es mucho peor que una confusión, y ningún historiador algo solvente haría tal equiparación. Pero en la universidad española, tan boyante, estas cosas se han vuelto habituales.
¿Y cuántos miles de rojos fueron fusilados? Se sabe con razonable aproximación, por los libros de Ramón Salas, corregidos por los de A. D. Martín Rubio, trabajos minuciosos y bien argumentados. Durante la guerra cayó en la represión de retaguardia un número de personas muy parecido en ambos bandos (60.000-70.000), y entre 25.000 y 30.000 en la represión de posguerra. Pero quizá el señor Elorza prefiera los cálculos de estudiosos subvencionados por el poder político, que desprenden en cada párrafo un odio bilioso, que emplean los bien conocidos trucos de la propaganda estaliniana, que piden la censura contra mis libros y hasta la cárcel contra mi persona, en un estilo perfectamente chekista. Si Elorza, como parece, prefiere esa literatura, pues allá él, las preferencias son libres, aunque en ellas se retrata cada cual, inevitablemente.
Para sustentar sus preferencias, Elorza (y otros muchos), cita declaraciones de Franco o de Mola en el calor de la guerra, las cuales, a su juicio, implican una decisión de genocidio contra los rojos. Este es método típico de la propaganda, pero no puede emplearlo así ningún historiador algo serio. Un historiador debe poner las declaraciones en su contexto y contrastarlas con los hechos y con las frases apreciativas o compasivas hacia el enemigo que también puede encontrar entre los jefes franquistas. Un historiador debe, además, comparar aquellas frases con las de sus contrarios, y Elorza olvida lamentablemente esta exigencia elemental. ¿No hicieron los jefes del Frente Popular declaraciones como las peores de los nacionales? Me permitiré sugerir un repaso a las expresiones de los líderes y la propaganda socialistas, y no en el calor de la guerra, sino antes, a partir como mínimo de 1933, cuando preparaban, según sus propias palabras, la guerra civil. ¿Conoce el señor Elorza estas cosas? Estoy seguro de que sí, pero, una vez más, no otorga a los demás españoles el derecho a conocerlas.
Por no extenderme indefinidamente, tocaré otro par de cuestiones clave. Ningún investigador riguroso puede hablar sin más de "víctimas del franquismo". Miles de esas "víctimas" participaron en crímenes de una crueldad espantosa, y otros miles más en expolios, saqueos y destrucciones de todo tipo. La dureza con que los vencedores aplicaron su ley al terminar la guerra causó también la muerte de muchos inocentes. Si uno habla de "víctimas" en general, está denigrando a los inocentes y ensalzando a los asesinos, y se está identificando de hecho con estos, como hace la ley de memoria chekista del gobierno, una ley que también convierte en "víctimas" indemnizables a los etarras. Asunto más patético y repulsivo por cuanto los jefes del Frente Popular dejaron a sus sicarios abandonados a su suerte, mientras ellos huían con inmensos tesoros expoliados al tesoro artístico e histórico de la nación y a particulares de todas las capas sociales. No consigo creer que nuestro historiador ignore estos hechos, pero uno queda con la fuerte impresión de que no le gusta que los sepan los españoles.
Hubo en la posguerra, pues, una mezcla de justicia y de ajuste de cuentas, pero nada comparable a un genocidio, salvo el religioso durante la contienda. Pero tenemos otro punto decisivo: Elorza asegura que "el alzamiento fue contra un régimen legalmente constituido", y también oculta aquí algo. Hubo dos alzamientos fundamentales (y bastantes más secundarios) en los años 30. El primero fue el de los socialistas y separatistas catalanes, apoyado por el resto de la izquierda, contra un Gobierno de derecha plenamente legal, y con el objetivo, por parte del PSOE, de organizar una guerra civil e implantar en España un régimen similar al de Stalin. La documentación al respecto no admite duda, y el señor Elorza debe de conocerla (salvo que no haya leído mis libros, que todo puede ser). El segundo alzamiento fue el de la derecha, en 1936, contra un Gobierno salido de unas elecciones anómalas, que estaba echando abajo la legalidad republicana y la separación de poderes, y amparaba un proceso revolucionario, con una oleada de asesinatos, incendios y asaltos a sedes derechistas, mientras perseguía a las víctimas, hasta llegar al secuestro y asesinato del líder de la oposición. Si Elorza considerara legal a semejante Gobierno, ya sabemos qué significa legalidad para él.
En suma, la "historia" que nos cuenta el señor Elorza no cumple las expectativas que él mismo suscita. Con una aparente imparcialidad, admite la existencia de humanas fieras "también" en el bando izquierdista. Pero, una vez más, vuelve a ocultar y confundir, atribuyendo los crímenes de forma especial a anarquistas y comunistas. Pero, ¿y los socialistas? ¿Y los republicanos? Todos los partidos pertenecientes de hecho o de derecho al Frente Popular comparten responsabilidades muy parecidas. Finaliza el historiador con una crítica fácil a Carrillo: "Tiene el deber moral de contar lo que realmente pasó. No lo hará". Cierto. Tampoco lo hace Elorza.
Tiene razón el señor Antonio Elorza al decir que un país debe conocer su historia. Algo más confuso resulta cuando afirma: "Los españoles tienen derecho a un conocimiento preciso de lo ocurrido en los años treinta y, como ha sucedido en tantos otros países, Alemania, Francia o Italia, a exigir siquiera simbólicamente responsabilidades a los culpables". Me atrevo a dudar de que en Alemania, Francia o Italia tengan un conocimiento tan preciso del pasado como supone Elorza; y en cuanto al derecho a conocer, debe extenderse a todos los países y no sólo a los años 30: no se entienden bien tan extrañas restricciones.
Pero la cuestión aquí es: ¿contribuye nuestro historiador a tan encomiable servicio a la nación? Veamos. En un reciente artículo en El País (periódico que, entre otras muchas lindezas "democráticas" no acepta el derecho de réplica), titulado El genocidio franquista, afirma la existencia de tal genocidio con argumentos como este: "Los cientos de miles de 'gente del 17 de abril' ejecutada por los jemeres rojos, o de enemigos del pueblo fusilados en la gran purga de Stalin en 1936-38, comparten con los miles de rojos exterminados en España el hecho de haber sido víctimas de un proyecto deliberado de aniquilamiento y de constituir un grupo humano bien delimitado (genocidio)". Naturalmente, en esa definición de genocidio entran demasiadas cosas, desde cualquier guerra a cualquier matanza, por ejemplo la del 11-M, o las persecuciones de las policías políticas en cualquier dictadura "progresista" o menos progresista. Definición nuevamente confusa y por ello fácil a la demagogia.
Y aun más confusa la alusión a las matanzas de los jemeres rojos, un genocidio contra personas sin otra culpa que la de ser considerados "burgueses" por sus verdugos; y que en un país pequeño y no muy poblado afectaron no a cientos de miles sino a millones de personas, como sin duda sabe –pero oculta a los españoles– el historiador. Las purgas de Stalin, en cambio, no cuentan como genocidio, pues afectaron especialmente a comunistas por obra de otros comunistas; unos y otros responsables, eso sí, de auténticos genocidios de millones de personas (no cientos de miles, tampoco) contra el campesinado, especialmente el ucraniano. Estoy seguro de que el señor Elorza conoce todo esto, pero opta por la ocultación y la confusión, él sabrá por qué.
En cambio, ¿hubo en España un genocidio? Hubo al menos uno, el aplicado contra el clero, al que intentaron exterminar deliberadamente y casi lo consiguieron... pero no los franquistas, sino los dirigentes del Frente Popular. Esto, nuevamente, lo sabe Elorza, pero no le parece adecuado decir a los españoles una palabra al respecto, y es una lástima. ¿Existió algo semejante por la otra parte, es decir, un plan y práctica de exterminio contra los "rojos", como afirma el historiador? Rojos, en España, podían considerarse en principio los cuatro millones y medio que votaron al Frente Popular en 1936, o el millón y medio que integró las filas del ejército izquierdista, o los bastantes cientos de miles de afiliados a los sindicatos y partidos de izquierda. ¿Hubo una política de exterminio contra ellos? Si así fue, debe reconocerse su fracaso, pues el mismo Elorza habla de "miles" de víctimas y no de cientos de miles o de millones. ¿Cómo puede compararlos a las matanzas de los jemeres rojos o de Stalin? Esto es mucho peor que una confusión, y ningún historiador algo solvente haría tal equiparación. Pero en la universidad española, tan boyante, estas cosas se han vuelto habituales.
¿Y cuántos miles de rojos fueron fusilados? Se sabe con razonable aproximación, por los libros de Ramón Salas, corregidos por los de A. D. Martín Rubio, trabajos minuciosos y bien argumentados. Durante la guerra cayó en la represión de retaguardia un número de personas muy parecido en ambos bandos (60.000-70.000), y entre 25.000 y 30.000 en la represión de posguerra. Pero quizá el señor Elorza prefiera los cálculos de estudiosos subvencionados por el poder político, que desprenden en cada párrafo un odio bilioso, que emplean los bien conocidos trucos de la propaganda estaliniana, que piden la censura contra mis libros y hasta la cárcel contra mi persona, en un estilo perfectamente chekista. Si Elorza, como parece, prefiere esa literatura, pues allá él, las preferencias son libres, aunque en ellas se retrata cada cual, inevitablemente.
Para sustentar sus preferencias, Elorza (y otros muchos), cita declaraciones de Franco o de Mola en el calor de la guerra, las cuales, a su juicio, implican una decisión de genocidio contra los rojos. Este es método típico de la propaganda, pero no puede emplearlo así ningún historiador algo serio. Un historiador debe poner las declaraciones en su contexto y contrastarlas con los hechos y con las frases apreciativas o compasivas hacia el enemigo que también puede encontrar entre los jefes franquistas. Un historiador debe, además, comparar aquellas frases con las de sus contrarios, y Elorza olvida lamentablemente esta exigencia elemental. ¿No hicieron los jefes del Frente Popular declaraciones como las peores de los nacionales? Me permitiré sugerir un repaso a las expresiones de los líderes y la propaganda socialistas, y no en el calor de la guerra, sino antes, a partir como mínimo de 1933, cuando preparaban, según sus propias palabras, la guerra civil. ¿Conoce el señor Elorza estas cosas? Estoy seguro de que sí, pero, una vez más, no otorga a los demás españoles el derecho a conocerlas.
Por no extenderme indefinidamente, tocaré otro par de cuestiones clave. Ningún investigador riguroso puede hablar sin más de "víctimas del franquismo". Miles de esas "víctimas" participaron en crímenes de una crueldad espantosa, y otros miles más en expolios, saqueos y destrucciones de todo tipo. La dureza con que los vencedores aplicaron su ley al terminar la guerra causó también la muerte de muchos inocentes. Si uno habla de "víctimas" en general, está denigrando a los inocentes y ensalzando a los asesinos, y se está identificando de hecho con estos, como hace la ley de memoria chekista del gobierno, una ley que también convierte en "víctimas" indemnizables a los etarras. Asunto más patético y repulsivo por cuanto los jefes del Frente Popular dejaron a sus sicarios abandonados a su suerte, mientras ellos huían con inmensos tesoros expoliados al tesoro artístico e histórico de la nación y a particulares de todas las capas sociales. No consigo creer que nuestro historiador ignore estos hechos, pero uno queda con la fuerte impresión de que no le gusta que los sepan los españoles.
Hubo en la posguerra, pues, una mezcla de justicia y de ajuste de cuentas, pero nada comparable a un genocidio, salvo el religioso durante la contienda. Pero tenemos otro punto decisivo: Elorza asegura que "el alzamiento fue contra un régimen legalmente constituido", y también oculta aquí algo. Hubo dos alzamientos fundamentales (y bastantes más secundarios) en los años 30. El primero fue el de los socialistas y separatistas catalanes, apoyado por el resto de la izquierda, contra un Gobierno de derecha plenamente legal, y con el objetivo, por parte del PSOE, de organizar una guerra civil e implantar en España un régimen similar al de Stalin. La documentación al respecto no admite duda, y el señor Elorza debe de conocerla (salvo que no haya leído mis libros, que todo puede ser). El segundo alzamiento fue el de la derecha, en 1936, contra un Gobierno salido de unas elecciones anómalas, que estaba echando abajo la legalidad republicana y la separación de poderes, y amparaba un proceso revolucionario, con una oleada de asesinatos, incendios y asaltos a sedes derechistas, mientras perseguía a las víctimas, hasta llegar al secuestro y asesinato del líder de la oposición. Si Elorza considerara legal a semejante Gobierno, ya sabemos qué significa legalidad para él.
En suma, la "historia" que nos cuenta el señor Elorza no cumple las expectativas que él mismo suscita. Con una aparente imparcialidad, admite la existencia de humanas fieras "también" en el bando izquierdista. Pero, una vez más, vuelve a ocultar y confundir, atribuyendo los crímenes de forma especial a anarquistas y comunistas. Pero, ¿y los socialistas? ¿Y los republicanos? Todos los partidos pertenecientes de hecho o de derecho al Frente Popular comparten responsabilidades muy parecidas. Finaliza el historiador con una crítica fácil a Carrillo: "Tiene el deber moral de contar lo que realmente pasó. No lo hará". Cierto. Tampoco lo hace Elorza.
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