DOMINGO PÉREZ | MADRID
El Gobierno desea relanzar su ofensiva revisionista, así como su particular visión de la Guerra Civil, la dictadura y la Transición. En esta línea, Teresa Fernández de la Vega anunció tras el Consejo de Ministros que el Consejo de Estado realizará un dictamen sobre cuatro reales decretos -al menos el Gobierno tiene otros cuatro en estudio-con los que se pretende empezar a desarrollar la controvertida Ley de la Memoria Histórica.
Para la vicepresidenta, estas normas nacen con la intención de «cerrar y cicatrizar las heridas» de la Guerra Civil, aunque más bien parecen surgir con el objetivo contrario, el de reabrir, las viejas y ya curadas. De la Vega justificó que estos decretos permitirán «recuperar para la memoria individual y familiar los nombres de aquellos que jamás debieron perder la vida o ser perseguidos por defender sus ideas».
«Ampliar derechos»
Los cuatro decretos regularán, respectivamente, el procedimiento para ser reconocidos como víctimas de la Guerra Civil y la dictadura franquista; la concesión de indemnizaciones a personas fallecidas en defensa de la democracia; el procedimiento para la adquisición de la nacionalidad española por parte de los voluntarios de las Brigadas Internacionales y, finalmente, la forma de restituir a los particulares los documentos y otros efectos custodiados en el Archivo General de la Guerra Civil Española.
De la Vega destacó que estos decretos permitirán «ampliar y dar derechos a los ciudadanos que no se sentían amparados ni protegidos» como consecuencia de las acciones llevadas a cabo durante la Guerra Civil y el franquismo.
Entre los decretos que van a ser sometidos a estudio destaca y sorprende que, en plena crisis económica, se articulen «las condiciones para la concesión de indemnizaciones a personas fallecidas en defensa de la democracia o que hubiesen sufrido lesiones incapacitantes antes y durante la Transición (del 1 de enero de 1968 al 6 de octubre de 1977)». La cuantía total de esas indemnizaciones no ha sido calculada, pero podría alcanzar cifras astronómicas. La medida pretende determinar el alcance, condiciones y procedimiento para la concesión de indemnizaciones para «quienes hubiesen fallecido o sufrido lesiones incapacitantes por su actividad en defensa de la democracia en dicho periodo». En el caso de fallecimiento, la indemnización ascendería a 135.000 euros, y en el de lesiones incapacitantes -parece que estarían incluidas las de tipo psicológico- se determinará en función del grado de incapacidad acreditado por la Seguridad Social...
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