Pío Moa
Suele hablarse de una legitimidad de origen y una legitimidad de ejercicio. Para el PSOE, la ETA, los separatistas y el gobierno actual, la democracia surgida de la transición está viciada de origen, no es legítima porque nace de un régimen que no lo fue. Ya trataré el aspecto crucial de la legitimidad o no del franquismo, pero de momento quiero mostrar el alcance político de tal idea como base de la colaboración entre el PSOE, la ETA y los separatistas, clave de toda la política del gobierno en la pasada legislatura, aunque momentáneamente pase por cierta crisis, como ocurrió –siempre el paralelismo—con los partidos integrantes del Frente Popular.
Como es sabido, la transición se hizo desde el franquismo, “de las leyes a las leyes”. La oposición en pleno quería lo contrario, la “ruptura”, para enlazar con un Frente Popular supuestamente legítimo. No obstante, en 1975-77, cuando unos y otros jugaron sus cartas, la oposición demostró ser demasiado débil, y la reforma ganó a la ruptura, permitiendo un paso a la democracia sin excesivos traumas. Importa señalar este punto: el franquismo quedó desmantelado en el proceso, pero al mismo tiempo legitimado: tal es el sentido de la reforma de las leyes (franquistas) a las leyes (democráticas).
Por aquella debilidad, la mayoría de la oposición hubo de aceptar la reforma, a regañadientes, si bien recibió a cambio unas concesiones probablemente excesivas. Concesiones manifiestas en una constitución sumamente mediocre, aunque a cambio la de mayor consenso de las muchas elaboradas en España hasta la fecha. La transición y la constitución, no debe olvidarse, fueron hechas por políticos de trayectoria no democrática, ni en la izquierda ni en la derecha, y poco brillantes, “de vuelo corraleño”, que diría Cuenca Toribio.
Pero otra parte de la izquierda y algunos separatistas rechazaron desde el primer momento la reforma, la transición y la democracia actual: así la ETA, el GRAPO, el PNV y otros. Aunque marginales todos ellos, el terrorismo daba gran resonancia a su postura, y la mezcla de complicidad en algunos políticos y de debilidad en otros, les facilitó una influencia desproporcionada, especialmente a la ETA. Estos grupos han jugado un papel parecido al de los anarquistas en la república, cuando ponían en evidencia a los socialistas por su colaboración inicial con “la burguesía explotadora”. Ahora, el PSOE colaboraba con un régimen procedente del “fascismo”, como había colaborado en tiempos con la dictadura de Primo de Rivera, por puro oportunismo.
El PSOE y los separatistas que aceptaron la reforma, nunca lo hicieron con sinceridad, y finalmente ha venido a dar la razón a la ETA. Como han explicado Felipe González, Cebrián o Guerra, era preciso esperar a mejor ocasión para hacer el “juicio político del franquismo”, dada su debilidad por entonces. Y la ocasión llegó, o así lo creen, con el actual gobierno. Este, en consecuencia, ha recurrido a medidas políticas que destrozaban la constitución, y a una llamada ley de memoria histórica para deslegitimar el régimen de Franco y con él, implícitamente (por ahora), a su producto último, la democracia y la monarquía. El gobierno ha llevado adelante el primer paso del plan de ilegitimación mediante campañas de recuperación de odios, de exaltación de Frente Popular y la ley llamada de memoria histórica, una verdadera bomba de relojería contra el sistema democrático actual. Como intentaré demostrar, quien se ha ilegitimado es el gobierno. Y no solo por la calidad de sus socios…
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