Publicado en julio 30, 2008 La campaña judicial en marcha desde la izquierda, y sobre todo desde la derecha, contra Jiménez Losantos — parte de una campaña más amplia de intrigas, presiones y chantajes gangsteriles para silenciarlo— es una prueba palpable de la ilegitimidad del gobierno. Porque no se trata de un caso aislado, sino de una estrategia de degradación del poder judicial para privarlo de independencia y utilizarlo contra los derechos democráticos (como también hizo el Frente Popular, por cierto). La persecución a Jiménez Losantos no puede desvincularse de hechos como la puesta en evidencia, por el Tribunal de Estrasburgo, de la fragilidad, llamémosla así, del Tribunal Supremo y del Constitucional en relación con el caso Gómez de Liaño; ni de las desvergonzadas maniobras en el Tribunal Constitucional, politizado al máximo, para asegurarse la “legalidad” de la colaboración con la ETA por parte del gobierno y de los separatistas –al final también del PP de Rajoy: esas actitudes siempre se traducen en persecuciones a las víctimas—, colaboración materializada en los nuevos estatutos autonómicos; ni del sistemático incumplimiento de la ley en las comunidades regidas por los separatistas. Y en tantos otros hechos demostrativos, que se han vuelto “normales”.
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Desde sus comienzos, la democracia española ha sufrido y sigue sufriendo graves amenazas: terrorismo separatista, negocios de diversos políticos y partidos con los terroristas a costa del Estado de Derecho, auténticas oleadas de corrupción, propósito confesado por algún partido de “enterrar a Montesquieu” y las acciones correspondientes, ataques desde el poder a la igualdad ante la ley, tensiones disgregadoras del país, intentos de recuperar los odios que destruyeron la república, etc…
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